Entregarán a Corte Penal de La Haya testimonios sobre tortura en Venezuela

Tamara Sujú durante el anuncio de su nombramiento como directora ejecutiva de CASLACincuenta y cinco casos emblemáticos de supuesta tortura en Venezuela, en muchos casos apoyados en un testimonio escrito de puño y letra por los mismos afectados, serán presentados esta semana ante la Corte Penal Internacional de la Haya por el Instituto CASLA de Praga.

“Hay torturas masivas desde el 2014 para acá contra detenidos sin importar sexo, edad, profesión, estado físico y mental de las personas”, declaró a Efe la abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva del CASLA.

CASLA, fundado en 2007, es una de las principales plataformas checas para los estudios de América Latina en el país centroeuropeo y actúa como asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores checo.

Entre los testimonios está el de Gloria Tobón Fernández, de 47 años, y su hija Katerin de 22 años, que fueron detenidas por funcionarios del ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en marzo de 2014 en la ciudad de Rubio (Estado de Táchira) junto a 23 personas, mientras esperaban en la terminal de autobuses para ir a San Cristóbal a comprar comida y pasar por ahí una manifestación.

Los métodos de tortura contra esas personas de Rubio fueron intento de asfixia mecánica, vinagre en la cara, golpes contundentes y puntapiés, después de haber sido vendadas y esposadas por más de doce horas, y también aplicación de electricidad en las uñas, muñecas, senos y vagina, después de mojarlas.

A Tobón y su hija “les sacaron fotos y las expusieron en redes sociales dando sus nombres y dirección de domicilio, y recibieron múltiples amenazas de muerte”, afirmó Sujú.

También está el testimonio escrito de Vasco Da Costa, de 55 años, que fue detenido dos veces, la primera en 2004 acusado de rebelión por funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y trasladado a la prisión del Helicoide, pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas.

Según su testimonio, Da Costa fue encapuchado, llevado a la fuerza y sufrió golpes con objetos contundentes, con palo con punta de clavo y con sacos de arena, fue colgado por las muñecas y golpeado hasta hacerlo desfallecer, en la cara con la cacha de la pistola.

También fue sometido a descargas eléctricas en los codos y partes íntimas, bañado con aguas putrefactas, objeto de actos lascivos e incomunicado.

En 2014 volvió a ser detenido en el centro penitenciario San Juan de los Morros (Estado Guárico), donde permaneció durante un año en un “tigrito”, una celda de 2 x 1 metros sin ventanas ni puertas, con una reja por encima, y con una letrina con un chorro de agua como única cosa, un chorro abierto diez minutos al día para beber.

“Actualmente está en una celda con 17 presos comunes, pero la familia ha denunciado que cuando lo sacan al patio les hacen cantar consignas oficialistas y él se niega, y por esto le golpean”, añade Sujú.

Hacer colas para comprar comida a las 4 de la mañana, algo que está prohibido, fue motivo de detención de una mujer en el Estado Nueva Esparta en la Isla de Margarita, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, que fue detenida por la GNB y luego lanzada al pavimento, tras lo que sufrió fractura de cráneo y ahora se anunció que ha salido de la UCI.

Otro caso de supuesta tortura es el de Daniel Morales, de 18 años, y otros 9 muchachos que fueron detenidos el 18 de mayo, llevados a la cárcel caraqueña “La Tumba” del SEBIN, y desnudados empezaron a recibir golpes con tubos en sus partes íntimas.

La razón fue “para que acusaran a diputados de la oposición de financiar las manifestaciones”, dice Sujú, que recogió unos 30 testimonios durante sus visitas a cárceles desde 2002.

“La impunidad es tal que en gran porcentaje ninguno de los casos de tortura ha sido investigado y castigado”, denuncia la abogada.

Afirmó, asimismo, que el uso de torturas “no es circunstancial ni son casos aislados”, sino que su aplicación “ha sido utilizada sistemáticamente para intimidar, para dar castigos ejemplarizantes, para reprimir y tratar de suprimir la acción ciudadana en defensa de sus derechos”.

El problema, según la abogada, es que “las manifestaciones hoy son masivas pero por la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela”.

La tortura está considerada delito de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la CPI, un código penal internacional que entró en vigor en 2002 y que a la fecha ha sido ratificado por 124 países, entre ellos Caracas, que lo hizo en 2000.

El “Informe sobre casos emblemáticos de torturas y métodos utilizados en Venezuela en los años 2002-2016″ que será presentado en La Haya no constituye una denuncia, como las realizadas ante esta misma magistratura en 2005 por el Foro Penal Venezolano, o en 2014 por 150 parlamentarios latinoamericanos.

La directora ejecutiva del CASLA, Tamará Sujú, en La HayaEn este nuevo sumario, que tendrá carácter clasificado hasta que el fiscal de la Haya ordene la instrucción y luego se decida abrir juicio, se utiliza el formato del relator especial de la ONU contra la tortura.

Un formato donde figuran nombres y apellidos de víctimas, instituciones implicadas y personas que participaron en los supuestos actos de tortura.

“Quiero que a partir de hoy cada funcionario, cada policía, cada guardia cuando agarre a un manifestantes en la calle por exigir sus derechos, piense si los va a torturar o maltratar porque aquí voy a estar yo para denunciar su caso, y para incrementar ese expediente” apostilló.

Según el último informe del Foro Penal Venezolano, sólo desde febrero de 2014 a Junio de 2016, hubo en Venezuela 5853 detenciones, arrestos o encarcelamientos arbitrarios, y “145 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, precisó Sujú.

26. 07. 2016

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